Después de siete años de gobiernos PSOE (primero con ministros PCE y Podemos y ahora con ministros PCE y Sumar) oímos y leemos cada día, en los medios de propaganda y gubenamental, que las cosas en el Estado Español van «muy bien, mucho mejor que en el resto de la UE». Y, de hecho, el propio FMI confirma los «buenos resultados económicos» actuales y previstos, a la vez que pide, como siempre, reducir de nuevo las pensiones de los trabajadores.
Por el contrario, en el parlamento y los medios ligados a la caverna PP-Vox, es insufrible el griterío histérico permanente contra el gobierno «ilegítimo» que «hunde a España», la «rompe», «la ahoga en corrupción», «la arruina» y mil verbos apocalípticos más. Todo acompañado del lawfare más escandaloso - con la connivencia de los jueces - y destinado a recuperar el poder directo, por supuesto, pero también a desviar la atención de los cientos de casos criminales que protagonizan PP-Vox.
Muchos de estos casos son los habituales por corrupción económica a gran escala y por el uso del dinero público y de la policía para el espionaje y falsificación de pruebas contra los adversarios políticos. Pero además, se desarrolla amargamente el caso de los 7.291 ancianos fallecidos en 2020 sin asistencia médica, en las residencias públicas de Madrid, gracias a los protocolos del gobierno de Ayuso. Y la última la joya de la corona «popular»: la negativa criminal del gobierno PP-Mazón a prevenir y a actuar a tiempo ante la DANA de octubre de 2024 en Valencia, de la que resultaron 230 muertes, la mayoría de ellas totalmente evitables, y una extensísima devastación material que también hubiera podido evitarse si no se hubiera permitido la urbanización sistemática de zonas inundables. Y si se hubiera invertido en las obras públicas necesarias para la canalización de las aguas, en previsión de este tipo de fenómenos extremos, que el cambio climático hace cada vez más probables.
Claro que también es muy conveniente para el PP-Vox desviar la atención de los ataques generalizados a la enseñanza y la sanidad públicas, la vivienda y el medio ambiente, que desarrollan en las comunidades en las que gobiernan. Ataques que, en el caso específico del País Valenciano y las Islas Baleares, se aderezan con embestidas permanentes contra la lengua y cultura propias.
Desde el punto de vista de la clase obrera y de toda la población que vive de su trabajo, unos y otros -el frente del gobierno (con el apoyo de los partidos de la burguesía vasca y catalana) y el frente de los partidos de la burguesía española centralista- cumplen papeles políticos complementarios. Bajo cortinas de humo de distintos colores, derivan las rabiosas discusiones parlamentarias hacia vertientes que tienen en común esconder que, si bien los gobiernos del PP actuaban para multiplicar las ganancias del capital y reprimir el derecho a la protesta social, los gobiernos de Pedro Sánchez han respetado absolutamente todo lo importante de la gestión anterior. Desde las reformas laborales, la ley mordaza y la reforma Código Penal, el control político directo del sistema judicial o la liberalización del mercado de la vivienda para entregarlo a los grandes fondos de inversión, el reforzamiento del ejército, la policía y la Guardia Civil, pasando por la ley de Extranjería y el apoyo disimulado a Israel – evidenciado de nuevo por el reciente escándalo de los contratos de armamento con Israel ¡por más de mil millones de euros! -, todo ha sido mantenido con ligeras modificaciones para la galería y la sesión de fotos. L o cierto es que los beneficios de los bancos (Santander, La Caixa, BBVA...) son históricos, al igual que los de las grandes empresas cotizadas del Ibex35, pese al «impuesto especial» temporal sobre los bancos y las energéticas. También es verdad que, sin haber cambiado ni un ápice las bases de la opresión nacional de Catalunya, el gobierno de Sánchez ha reintegrado del todo a Junts y ERC en el estado de la monarquía, pese a la mísera y tardía ley de amnistía, que ni siquiera ha permitido la vuelta de Puigdemont. Dinero es dinero, esa es la auténtica divisa de la burguesía catalana.
Y, para nosotros, la realidad es que la precariedad laboral es la norma entre los trabajadores jóvenes, de los que más del 62% tienen contratos temporales y parciales. La realidad es que, si bien el salario mínimo nominal ha crecido desde 2019 un 26% nominal, la OCDE calcula que el aumento real de su poder adquisitivo ha sido del 6,5%, por debajo de la media del resto de países de la OCDE, que no están gobernados por partidos autoproclamados como "progresistas". La realidad es que los salarios del primer trimestre de 2024 del conjunto de los trabajadores han sido «un 2,5% menores a los del último trimestre de 2019 en términos reales» y que – según el Informe 2024 de la OCDE – «los españoles han perdido casi un 15% de poder de compra en alimentación en los últimos 20 años».
Además, la vivienda multiplica esta brutal reducción del poder adquisitivo de los salarios. De acuerdo con los datos del INE, en los últimos 10 años, el precio de adquisición de la vivienda ha subido de media un 65% (84% en Madrid, 79% en las Islas, 74% en Cataluña, 54% en la Comunidad Valenciana). Aún peor se encuentra el mercado de alquiler, que en ese tiempo ha duplicado los precios a un ritmo que sigue acelerándose y que en 2025 se encuentra alrededor del 12% interanual . Los datos son tozudos y toda la demagogia del gobierno y su Ley de Vivienda - copiada de las fracasadas en grandes ciudades europeas - no pueden esconder el drama generalizado de los precios imposibles, los desahucios en cascada y la multiplicación del hacinamiento de familias en hogares compartidos, que ya afecta a todas las edades.
La inestabilidad permanente del gobierno Sánchez y la guerra que sufre del tándem reaccionario PP-Vox ni lo hace bueno ni le cambia la naturaleza burguesa de su política, completamente equiparable a la de cualquier otro gobierno de la UE. Por el contrario, sirve de excusa a los dirigentes de los partidos que dicen defender a los trabajadores (PSOE, PCE-IU, Podemos, Sumar, etc.) y a los de las grandes centrales sindicales (CCOO, UGT) para ofrecerle generosamente la paz social, a pesar del constante agravamiento de las condiciones de vida de la clase obrera y la clara disposición a movilizarse. La demostración de esta disposición son las importantes luchas que van desarrollándose por todo el Estado en defensa de la sanidad, la educación y las pensiones públicas o, en el caso del País Valencià, la movilización por la defensa de la enseñanza del valenciano en la escuela y, sobre todo, las grandes manifestaciones mensuales para exigir responsabilidades políticas y penales al gobierno del PP-Mazón.
Sólo hay una salida positiva
Lo decimos siempre, pero no podemos cansarnos de hacerlo: para la clase obrera y la población trabajadora nada cambiará de manera definitiva mientras las luchas continúan defensivas, aisladas y sin una orientación clara hacia la organización políticamente independiente de la burguesía, de sus aliados y de su estado. Por eso es tan urgente la construcción de un partido revolucionario internacionalista, enfocado a la sustitución de la barbarie capitalista por un nuevo orden social internacional gestionado por los organismos democráticos de la población trabajadora, por los consejos obreros a nivel mundial. Un nuevo orden socialista donde la ley sea la solidaridad de los pueblos y el derribo de las fronteras, la desaparición de las clases sociales y de todo tipo de opresión, la gestión racional de la economía – y el planeta que la sustenta – en defensa de la humanidad actual y futura.
