Otoño 2022 en el Estado Español

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La inflación devora salarios y pensiones

Desde el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, el crecimiento de los precios en toda la UE se ha desbocado, afectando especialmente al Estado Español, que en agosto ha alcanzado una tasa media de inflación del 10,4%. Aun así, y de acuerdo con los datos del INE, esa tasa tan alta esconde una realidad mucho más golpeante para las clases trabajadoras: los precios de los alimentos han crecido el 13,3%, los del transporte al 15,8%, los de la vivienda el 22,8%. Además, los recibos mensuales de electricidad y gas del hogar se han incrementado entre el 50,4% (según el INE) y el 66,6% (según el cálculo de la OCU). Y esto a pesar de la reducción de impuestos y de la llamada "excepción ibérica" de la limitación del precio del gas para la producción de electricidad.

Como tantas medidas "estrella" del gobierno de Pedro Sánchez, al final, la excepción ibérica consiste simplemente en hacernos pagar a los consumidores (más adelante y a "cómodos plazos") la diferencia entre el precio limitado del gas al por mayor y el del mercado. En palabras planas esto significa que se respetan religiosamente las superganancias de la industria energética, quién recuperará - poco a poco, en los recibos - todo lo que la limitación de precios ha impedido que nos cobren en los últimos meses. También significa respetar la tarificación marginalista escandalosa establecida en toda la UE1. Eso sí, entre humildes llantos y quejas, sobre todo de los ministros de Podemos. La OCU explica con claridad la estafa propagandística de la excepción ibérica, que dicen querer imitar todos nuestros vecinos:

La implantación de esta medida sí ha conseguido limitar el precio de la electricidad en el mercado mayorista, pero a un coste muy superior al previsto, por lo que no solo no hay ahorro visible, sino que la factura finalmente se ha vuelto a encarecer. [...]

La medida de establecer un tope al precio del gas tiene otras consecuencias como que los consumidores eléctricos tendrán que asumir su coste. (OCU.org, agost de 2022)

Hay que señalar que la OCU olvida explicar que también los consumidores del Estado Español pagaremos el coste de la limitación del precio de los gas utilizado en la producción de electricidad para exportación. Y que esta exportación ha llegado a niveles históricos en los últimos meses. Es decir: la excepción ibérica del gobierno consiste también en que ¡¡la población subvencione la electricidad exportada por las compañías privadas que disfrutan de beneficios históricos!!

A toda esta pérdida de poder adquisitivo general se ha añadido, el 8 de septiembre, la subida del tipo de interés del Banco Central Europeo. Se calcula que esto incrementará unos 100 € al mes la hipoteca mediana de las familias. Pagar el alquiler o la hipoteca, la electricidad y la comida, al mismo tiempo, se ha convertido en una ecuación imposible para la mayoría de los trabajadores y pensionistas, que caen masivamente en la pobreza y ven multiplicarse los desahucios.

Las direcciones de las grandes centrales sindicales continúan aceptando las pérdidas salariales

Cada semana se anuncian beneficios históricos para algún gran sector de gran capital. Compañías energéticas, bancos, grandes fondos inmobiliarios, servicios turísticos, etc. Y mientras las condiciones de vida globales de todas las clases trabajadoras bajan sin cesar, las direcciones de las grandes centrales sindicales no preparan ninguna batalla para defenderlas. Muy al contrario, las estadísticas muestran que la media de los convenios firmados por los sindicatos de enero a julio de 2022 solo ha supuesto un incremento nominal de 2,56% de los salarios. Esto implica una pérdida de - como mínimo - 8 puntos respecto a la inflación del 2022, sin contar la de los años anteriores. Mayor desvergüenza imposible.

La lucha sindical elemental por la actualización automática de salarios y pensiones, según la subida real del coste de la vida para las clases trabajadoras, ha desaparecido por completo de la visión de las grandes burocracias. Hace muchas décadas que las direcciones sindicales están entregadas a la colaboración con el capital y amorradas al dinero del estado burgués. Como consecuencia, la clase obrera lucha de manera atomizada para defender los salarios y solo puntualmente recupera aquí o allá parte del poder de compra perdido.

Por esa razón es más que nunca necesario combatir el colaboracionismo sindical y abrir la perspectiva de unificar el flujo creciente de huelgas y luchas de asalariados y pensionistas bajo la reivindicación de la actualización automática de salarios y pensiones. Y, para impedir las maniobras de las burocracias y las falsas divisiones entre trabajadores no sindicados o de diferentes sindicatos, defender incansablemente la recuperación de las asambleas generales, las coordinadoras de delegados de las asambleas, los comités de huelga elegidos y revocables desde las asambleas y únicos organismos con capacidad negociadora.

La socialdemocracia gobierna para el gran capital

También cada semana, los portavoces del gobierno de colaboración socialdemócrata PSOE-PCE-Podemos suplican amablemente a las energéticas, los bancos o las grandes distribuidoras de alimentación que "limiten sus beneficios". Y, de cuando en cuando, anuncian alguna nueva medida "para paliar las dificultades de la población en estas circunstancias especiales". Pero son siempre medidas que tienen trampa, porque son a favor del capital o migajas temporales que no mejoran en absoluto la situación de la población trabajadora. O todo a la vez.

Uno de los ejemplos más aclaratorios de la política de este gobierno es el Real Decreto-Ley 14/2022 - conocido como el de medidas "de ahorro energético" - recientemente aprobado con los votos de los partidos del gobierno y de Bildu, PNV y ERC. Este decreto-ley incluye reducciones durante solo cuatro meses del precio de los billetes de transporte público colectivo y una ayuda adicional única de 400€ para los estudiantes perceptores de becas. Todo sin subir los impuestos de las rentas más altas ni de las sociedades y, por lo tanto, respetando la actual estructura de ingresos presupuestarios, cuyo peso recae esencialmente sobre los asalariados.

Al mismo tiempo, el real decreto-ley de medidas de ahorro energético abre grandes líneas de subvenciones para las empresas privadas "más afectadas por el encarecimiento de la energía". Pero, todavía más interesante: en su "Disposición adicional segunda. Aportaciones al Sector Eléctrico en el presupuesto de 2022", en medio de un galimatías indescifrable, establece la entrega generosa al sector eléctrico de 1.360 millones de euros de los impuestos suspendidos de las facturas (el IVPEE):

Mediante este real decreto-ley se autoriza el libramiento de un importe de 1.360 millones de euros al sistema eléctrico para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 29/2021 por la reducción de ingresos que se ha producido por la suspensión del IVPEE (Exposición de motivos del RD-Ley 14/2022).

Pedro Sánchez, que anuncia un posible futuro impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las eléctricas (y por qué no desde marzo pasado o desde ya?), cuela por la puerta de atrás el regalo de estos millones del erario público ¡que financiamos fundamentalmente las clases trabajadoras!

Recordemos, además, que el mismo gobierno que está reflexionando profundamente si sube el SMI 30 o 40 euros mensuales miserables se ha comprometido entusiásticamente a duplicar el presupuesto militar para desarrollar la escalada militar de la OTAN, con la excusa de la guerra de Ucrania.

Todo lo acabaremos pagando nosotros los trabajadores y trabajadoras. Las migajas temporales para evitar la explosión social, los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, la salvación de los negocios privados de los "sectores más afectados por la crisis energética" (como hemos pagado la salvación de la gran banca) y la escalada militar.

También estamos pagando y pagaremos muy caro - política, social y económicamente - la escrupulosa protección que el gobierno (y sus aliados PNV, Bildu, ERC, JxCat, etc ) hace de la monarquía corrupta, de la iglesia católica, o de los aparatos judiciales, represivos y militar, controlados desde el más profundo por las mismas fuerzas postfranquistas (incluidos la Opus Dei y los Legionarios de Cristo) que dominan el PP y Vox. Y esto a pesar de la enorme cantidad de pruebas filtradas por el comisario Villarejo, que demuestran que su empresa controlaba la cúpula del poder policial y judicial y coordinaba todo tipo de tareas criminales, como por ejemplo espiar y falsear pruebas contra políticos independentistas catalanes o de Podemos, sin olvidar los trabajos "particulares" para numerosas empresas del IBEX. ¡¡¡Ni siquiera los casos del espionaje con Pegasus han merecido una somera depuración del Ministerio de Interior!!!

cloacas del estado

No, ni el aparato judicial y represivo se depura ni las leyes represivas se derogan. Y no por eso los partidos de la derecha española se vuelven menos caníbales en su desesperación para controlar de nuevo directamente el gobierno. A cambio, unos y otros llevan cuatro años de espectáculo mediático impresentable en relación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y el de Cuentas, con su reparto partidista de puestos. En esta cuestión, acabe como acabe el folletín, si algo ya ha quedado claro es que no ha existido nunca ni existirá la supuesta "independencia judicial". Tan claro como que el PSOE y Podemos han preferido entrar en las luchas por el reparto de su control antes que denunciar y liquidar un monstruo dedicado en cuerpo y alma a facilitar la corrupción del PP y de todos los negocios ligados a ellos (que parece que son todos los que pasaban por la ventanilla del tesorero).

Los gobiernos de la UE aplican políticas económicas gemelas

Todas las medidas económicas españolas se repiten en la mayoría del países de la UE independientemente del "color" de su gobierno. Son gobiernos burgueses que actualmente colaboran entre ellos para salvar al capital en una situación históricamente muy crítica: la combinación de la crisis medioambiental, el final de la pandemia COVID, más la inflación, la crisis alimentaria y la crisis energética agravadas como consecuencia de las sanciones contra Rusia, en un muy peligroso juego de enfrentamientos interimperialistas.

Los gobiernos de Olaf Scholz en Alemania, Emmanuel Macron en Francia, Mark Rutte en los Países Bajos, etc., con algunas semanas de diferencia y centralizados desde la Comisión Europea, aplican en sus territorios las mismas políticas encaminadas a dar apoyo estatal al gran capital, desarrollar una escalada militar tras los EEUU y adormecer a las masas trabajadoras con pequeñas medidas económicas. Pero la inflación no se para y las crisis alimentarias y energética se agudizan. Prácticamente todas las medidas que se implementan (como por ejemplo el uso del carbón, las subvenciones a los sectores del transporte dependientes del petróleo, el reforzamiento de la industria turística o la multiplicación de la producción de armamento) aceleran la crisis medioambiental de todo el planeta.

La salida está solo en manos de la clase obrera, rompiendo con todo el pasado

No será de estos gobiernos que encontraremos una salida positiva en la situación actual. Defienden una clase con intereses totalmente contradictorios a los de la humanidad y nos arrastran al desastre.

Tampoco la encontraremos en las otras nuevas o viejas formaciones de lenguaje más gesticulante y "rojo", pero igual de socialdemócratas y adaptadas al mundo capitalista que el PSOE, como Podemos, Bildu o la CUP. Menos todavía en montajes de marketing político como el que se está creando alrededor de la ministra Yolanda Díaz (PCE), sin ningún programa más allá de que ella sea la lideresa y de que "toda la izquierda" colabore (como ella) con el sostenimiento del gobierno burgués y de todo el poder del capital. A cambio de limosnas y concesiones a tal o cual sector o lobby social (mujeres, transexuales) que podrán ser revertidas si en las siguientes elecciones gana otra vez la caverna.

La solución no está en "la izquierda", concepto ajeno a las clases sociales que dominan la lucha social y que incluye todo tipo de organizaciones que viven ligadas (política y económicamente) a la sociedad capitalista descompuesta.

La única salida podrá venir de la clase de los productores, que no necesita para nada las clases parasitarias. Pero requerirá que se organice internacionalmente para cambiarlo todo de arriba abajo, para la revolución socialista.

13 de septiembre.